Dicho de otro modo: para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y ser capaces de construir un país mejor, tenemos que reforzar ese proyecto colectivo que nos plantea la Agenda 2030, con sus 17 objetivos y 169 metas, desde una fuerte transformación de nuestra Administración pública y muy especialmente, por su configuración y sus roles, de nuestras empresas y fundaciones públicas.

No va ser sencillo – pero es imprescindible – llegar a ese año ya icónico, gracias a la iniciativa de la ONU, con los deberes hechos. Algunos son muy retadores, como erradicar la pobreza, garantizar una educación inclusiva de calidad, luchar contra el cambio climático, fomentar la innovación…con un enfoque de colaboración público / privada / social.

Las grandes corporaciones privadas llevan tiempo invirtiendo en tecnología, en innovación, en gestión del conocimiento y en captación y retención del talento, también en su nivel directivo. Y aspiran legítimamente a ocupar un puesto destacado en el esquema de gobernanza en el 2030. Sin su protagonismo será imposible “transformar nuestro mundo” como propone el lema de la Agenda. Pero tenemos que hacer ese camino y llegar a la meta con gobiernos inteligentes e innovadores, que cuenten con los mejores en sus niveles directivos, especialmente en sus empresas y fundaciones públicas, organizaciones que están llamadas a ser la punta de lanza de ese cambio radical que necesitamos.

Hace unos días, escuché al profesor Carles Ramió, de la Universitat Pompeu Fabra, disertar sobre los efectos de los cambios tecnológicos y culturales que se están produciendo en general y en nuestro país, y los efectos enormemente disruptivos que llegarán a nuestras Administraciones públicas, y volvió a referirse a la metagobernanza, ese concepto atribuido a Bob Jesop, para superar, desde la mezcla tal vez, los estilos de gobernanzas sectoriales – jerárquica, por redes o de mercado, como clasifica Louis Meuleman, autor de Public Management and the Metagovernance of Hierarchies, Networks and Markets -, o las de tipo funcional o territorial, y permitir mantener la relevancia de lo público desde una actitud y un enfoque con valores propios, desde la legitimidad democrática “con el propósito de avanzar objetivos políticos de interés general”, como señalan Macarena Gómez y Delia Pareja.

La referencia del profesor Ramió, en la Universitat de les Illes Balears, a los tres factores enunciados en el primer párrafo, incluyendo la dirección profesional de las organizaciones públicas en general, es especialmente actual, ya que es simultánea a la publicación de un manifiesto en el que se reclama un estatuto para el nivel directivo de empresas y fundaciones públicas, que aborde una regulación más ambiciosa, y que, por ejemplo, dé más garantías a los procesos de selección de directivos, haciéndolos más públicos, abiertos y transparentes, y basados en el mérito y la capacidad, conocimiento y experiencia, y a criterios de idoneidad, desarrollados o auditados por terceros independientes.

No es nuevo que se reclame una priorización de las personas que ocupen esos puestos de dirección, desde la acreditación, de manera fehaciente, entre otras competencias directivas, las relativas a: conducta ética, gobernanza y estrategia, liderazgo e innovación, creación y gestión de equipos, orientación a resultados, comunicación y transparencia, y gestión de recursos públicos.

Recientemente se han cumplido los 15 años del funcionamiento del sistema de dirección pública de Chile gracias al cual es ya corriente entre la élites publicas profesionales de aquel país – como en los de la inmensa mayoría de los más avanzados – establecer nombramientos por tiempo diferente – preferentemente superior – al del ciclo político y desvinculaciones – ceses – relacionados con el cumplimiento de contratos programa y la correspondiente evaluación del desempeño.

Cada vez es más frecuente escuchar a expertos que coinciden con el profesor Víctor Lapuente, de la Universidad de Gotemburgo, en que el diseño del liderazgo y la dirección pública en nuestro país está impidiendo definir y ejecutar las grandes transformaciones públicas que necesitamos y así, concluimos, será mucho más difícil mantener esa posición de relevancia de los valores públicos en el nuevo escenario de la metagobernanza y alcanzar los objetivos de la Agenda 2030.

Fernando Monar es presidente de la Asociación de Dirección Pública Profesional

FUENTE: ELPLURAL.COM